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El Proyecto de Ley de Bases enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone cambios que implican un enorme retroceso para la protección del ambiente.

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Senadoras y Senadores manifestando que el Proyecto contiene artículos que contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes. Entre otros puntos, resaltan que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que los cambios propuestos implican disminuir los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Además, alertan que se trata de un proyecto que pretende beneficiar a las actividades económicas primarias y extractivas, lo que afecta el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales.

Según la carta, el proyecto de ley permitiría la eliminación de organismos fundamentales para el sector como la Administración de Parques Nacionales. A su vez, permitiría la disolución de fondos – hoy escasos- destinados a conservar bosques nativos y combatir grandes incendios. La aprobación de la Ley de Bases significaría una delegación legislativa imperdonable en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas sin contemplar una mirada social ni ambiental, y la limitación de los espacios de participación pública.

“Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, afirman al cierre de la carta.

Por eso, las organizaciones exhortan a la Cámara de Senadores a rechazar las propuestas del proyecto de Ley de Bases. Estas colisionan de lleno contra principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, y afectan los resultados económicos y productivos de diversas actividades que la norma pretende beneficiar.

Fuente: Futuro Sustentable

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