Hace 18 años, la Corte Suprema dictó el histórico fallo Mendoza, obligando al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. El objetivo era garantizar acceso al agua, saneamiento y salud pública para más de 4 millones de personas.
Sin embargo, a fines de 2024 la Corte cerró el caso pese a que la mayoría de las metas continúan incumplidas. La ACUMAR sigue en actividad, pero sin respaldo institucional ni presupuestario suficiente.
Recortes presupuestarios
En 2024, los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real por subejecución, y el presupuesto nacional para la causa Mendoza se redujo un 69%. Esto se traduce en:
- Obras paralizadas.
- Falta de controles ambientales.
- Vecinos expuestos a contaminantes en agua, suelo y aire.
Las consecuencias son graves: enfermedades respiratorias, intoxicaciones por plomo y arsénico, y patologías gastrointestinales, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
Privatización de AySA
En este contexto, el Gobierno nacional impulsa la privatización de AySA, empresa clave en el saneamiento de la cuenca y en el desarrollo del Sistema Riachuelo, una de las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas.
Organizaciones como FARN, Foro Hídrico de Lanús, ACDH, Fundación Ambiente y Medio, Espacio Oikos y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentaron un amparo colectivo para frenar la privatización.
Riesgos de la privatización
- Peligra la continuidad de inversiones esenciales para ampliar acceso al agua potable y redes cloacales.
- Se prioriza la rentabilidad financiera por encima de derechos básicos.
- El Estado pretende vender el 90% de las acciones sin evaluación integral de impactos ambientales y sociales.
- No se realizó auditoría pública sobre obras pendientes, pasivos ambientales ni necesidades futuras.
- No se convocó a audiencia pública, incumpliendo el Acuerdo de Escazú.
