Los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Untoc) aprobaron en Viena iniciar las negociaciones para establecer un protocolo internacional contra los delitos ambientales, una iniciativa promovida por países de América Latina y otras regiones.
La resolución obtuvo 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones. Entre los países que rechazaron la propuesta estuvieron Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Irán y Arabia Saudí, mientras que la mayoría de las naciones europeas y latinoamericanas respaldaron la iniciativa.
El acuerdo establece la creación de un comité especial encargado de elaborar un instrumento jurídico para enfrentar actividades como el tráfico ilegal de fauna, flora y madera, la minería clandestina, el comercio ilícito de minerales y metales preciosos y el tráfico de residuos. Sin embargo, la votación habilita las negociaciones, pero todavía no aprueba el contenido definitivo del protocolo.
Cooperación internacional y protección de los territorios
La propuesta fue impulsada por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Sus promotores sostienen que, pese a la existencia de acuerdos ambientales internacionales, todavía falta una herramienta universal para abordar las redes criminales que operan más allá de las fronteras.
El futuro instrumento buscará fortalecer la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos dentro del marco de la Convención. Además, deberá respetar la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y evitar superposiciones con los acuerdos ambientales multilaterales vigentes.
La resolución también advierte que los delitos ambientales no solo degradan los ecosistemas, sino que amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. Por eso, la cooperación entre países resulta fundamental para enfrentar actividades que generan beneficios ilegales mientras trasladan sus costos a las comunidades y la naturaleza.
Fuente: Noticias Ambientales
