El gobierno argentino impulsa la flexibilización —o incluso eliminación— de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La medida reabre el debate sobre la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció un tope del 15% de propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal, además de restricciones en zonas sensibles como cuerpos de agua y áreas de frontera.
La discusión no es meramente técnica: se trata de quién controla el territorio y con qué fines. En un contexto de crisis y presión por exportar más, la tierra reaparece como recurso estratégico en salares, cordilleras mineras y regiones de monocultivo.
La extranjerización en cifras
- Superficie rural total: más de 266 millones de hectáreas.
- En manos extranjeras: alrededor de 13,2 millones (≈5%).
- El promedio nacional oculta la concentración en territorios clave: salares del noroeste, zonas cordilleranas y áreas con acceso a agua dulce.
Ejemplo: en el departamento de Tinogasta (Catamarca), sobre 2,28 millones de hectáreas, más de 608.000 están en manos extranjeras, lo que equivale al 27% del territorio, muy por encima del límite nacional.
Territorio y extractivismo
La flexibilización de la ley se presenta como una vía para atraer inversiones. Sin embargo, en territorios como Andalgalá, Antofagasta de la Sierra y Fiambalá, la expansión de proyectos de litio y cobre redefine el acceso al agua, los caminos y las actividades posibles.
La tierra deja de ser solo un medio de producción y se convierte en un activo financiero global, dentro de circuitos de inversión transnacional. Esto cambia quién tiene poder real sobre la vida en esos territorios.
Fuente: Noticias Ambientales
