Por Susana Pagola
Las negociaciones durante esta Cumbre del Clima han sido arduas y difíciles. Pero la conclusión de la Cumbre resultó muy por encima de lo supuesto al inicio.
Desde un principio imperó una sensación de fracaso entre los Observership. Tanto los informes de las negociaciones privadas, de acceso restringido solo a los negociadores oficiales, como las negociaciones abiertas denotaban una clara falta de voluntad hacia el objetivo de la Cumbre, a saber, determinar fechas de finalización en el uso de los combustibles fósiles, establecer un marco comprometido para la financiación de los programas del Fondo Verde del Clima para las acciones de mitigación y adaptación y la definición de pautas para el funcionamiento de los mercados de carbono.
No fue sino hasta el último día, e incluso su extensión un día mas allá del previsto en el calendario oficial, que se alcanzó un acuerdo que implica el principio del fin de los combustibles fósiles. Acuerdo que, por supuesto, deja mucho mas para hacer a partir de ahora.
El punto que dilató el acuerdo al que finalmente se arribó fue cuan manifiesta tendría que ser la referencia a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en los próximos años. Como siempre sucede en los textos de lenguaje diplomático, una palabra hace la diferencia entre lo blanco y lo negro, aunque pueda parecer un detalle menor. Es verdad que la Conferencia no acordó la eliminación de los combustibles fósiles, tan verdad como que tampoco pasó el punto por alto. Y la palabra que se logró incluir, fruto de ingentes esfuerzos de los negociadores, fue “progresiva”. Palabra que por si misma nada significa, pero que precedida de la explosiva palabra eliminación, implicó el gran avance que eleva esa Conferencia casi a la condición de hito sin que alcance, por supuesto, la condición de París. Un medio camino que generó fuertes expectativas.
No cabe dudas que, prima facie, el balance mundial respecto de la limitación al aumento de la temperatura a 1,5ºC de niveles preindustriales acaecido en París no se ha alcanzado. Mas aún, el mundo esta lejos de ello.
La fuerte presencia y el audible reclamo de los países en vías de desarrollo que se evidencia en todas las Conferencias muestran que no olvidan su condición de vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático. No cejan en su querella. En esta COP América del Sur hizo sentir su presencia, reclamando que los efectos adversos del calentamiento global no se limitan a África, región tradicionalmente protegida. Mas aún, los efectos climáticos adversos podría poner en riesgo la provisión de alimentos al mundo asi como estimular la inmigración de poblaciones en busca de ambientes propicios a su desarrollo, un conflicto se que inicia aquí pero que afecta al desarrollo de todo el globo. Se necesita de opciones de mitigación viables, eficaces y de bajo costo en todos los sectores, ya sociales, productivos y culturales.
En París se consensuó que para limitar el calentamiento global a 1,5ºC, se deben reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero un 43% hasta 2030 y un 60% hasta 2035 en relación con los niveles de 2019, y alcanzar las emisiones netas de dióxido de carbono cero para 2050. El avance es lento, tan lento que da la sensación de estancamiento. Si, es verdad. Aún el mundo tiene mucho más por hacer.
Las empresas, que aumentan en su presencia en las COP, se esfuerzan por mostrar, y además probar, la implementación de acciones que avanzan hacia la mitigación, financiamiento climático, la adaptación y la restauración de la biodiversidad. Pero, claro está, un solo sector no puede empujar tan pesado carro. La creación de consenso es fundamental y rara vez fácil, pero es el único camino hacia el objetivo. La COP28 alcanzó un acuerdo sin precedentes que, si bien no se acopla a las expectativas de París, tampoco las desahucia. No llega a eliminar los combustibles fósiles. Sin embargo, la dirección es clara.
El compromiso del sector privado es plausible, es una señal muy importante, pero necesita más impulso. Acciones corporativas referidas a la producción y uso de energías renovables y su participación en las mesas de financiación climática tienen un papel fundamental. Pero las partes deben esforzarse aún más para involucrar a más empresas, con un enfoque abierto hacia la sostenibilidad, eje de la agenda 2030, con foco en la acción climática. En suma, más colaboración con empresas para un desarrollo de los planes nacionales de acción climática y tener más ambición.
Argentina tiene una mesa permanente de acción climática donde, en un intercambio ágil y permanente, interactúa el sector público y privado en pos de concretar los planes del sector privado que permitan cumplir el compromiso asumido en NCD por parte de Argentina. Pero, como sucede en todos los casos, los quebrantos económicos y la falta de reglas claras inciden en el avance de estas acciones. Los esfuerzos globales y locales deben garantizar cambios efectivos y equitativos hacia la energía renovable, la economía circular y el uso racional de los recursos. Sin embargo, no se debe dejar nadie atrás y esta transición debe ser justa y equitativa. Un desarrollo en el que las empresas cumplen un papel crucial.
En Dubai, 198 países han firmado el Acuerdo. El dato pone de relevancia el esfuerzo descomunal que implica que todos ellos hayan reconocido la necesidad de reducir de forma profunda, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con las trayectorias de 1,5ºC.
Para ello, los acuerdos que se firmaron en pos de este compromiso se pueden resumir en el siguiente punteo:
- Objetivo 2030: Triplicar la capacidad global de energías renovables y duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética.
- Reducción del carbón: Acelerar la disminución progresiva del uso de energía basada en carbón.
- Cero emisiones: Avanzar hacia sistemas energéticos con emisiones netas cero a nivel mundial, utilizando combustibles de baja o nula emisión de carbono antes o alrededor de mediados de siglo.
- Abandono de combustibles fósiles: Dejar de utilizar combustibles fósiles en sistemas energéticos de manera justa y ordenada, acelerando la acción en la década actual para lograr cero emisiones netas en 2050.
- Desarrollo de tecnologías limpias: Acelerar el desarrollo de tecnologías de emisiones cero y bajas, como energías renovables, energía nuclear, y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, especialmente en sectores difíciles de reducir.
- Reducción de gases distintos al CO2: Reducir sustancialmente las emisiones de gases distintos al dióxido de carbono a nivel mundial, con un enfoque en la reducción de las emisiones de metano para 2030.
- Transporte sostenible: Acelerar la reducción de emisiones en el transporte por carretera mediante el desarrollo de infraestructuras y la rápida adopción de vehículos con cero o bajas emisiones.
- Eliminación de subvenciones ineficientes: Eliminar las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que no aborden la pobreza energética ni las transiciones justas.
A estos acuerdos, se suman otros temas no menos importantes, tales como el compromiso de duplicar la financiación para la adaptación respecto a los niveles de 2019 para 2025, donde jugará un papel definitorio la acción del sector privado, detener y revertir la deforestación y degradación de los bosques, el establecimientos de todas las partes de planes nacionales de adaptación para 2030, reducir la escasez de agua, lograr una producción alimentaria y agrícola resistente, aumentar resiliencia de infraestructuras al cambio climático, reducir efectos del cambio climático sobre la erradicación de la pobreza, etc.
Un punto liminar en el desarrollo de acuerdos en la lucha contra el calentamiento global es la eficiencia y eficacia de la cooperación internacional. Es necesario el compromiso concreto de los países, con prescindencia de los vaivenes políticos, sobre todo de los países desarrollados. En este aspecto, la normativa interna juega un papel definitorio, donde los capitales privados deben estar protegidos de vaivenes inesperados que puedan poner en riesgo la evolución de las inversiones por parte de las empresas.
Aquí Argentina se ve debilitada y especialmente vulnerable. Del intercambio con partes interesadas de otros países, se muestran dubitativos respecto de la posibilidad de avance de las acciones nacionales vista la particular situación que la economía local atraviesa, sobre todo respecto de la imposibilidad de remitir dividendos al exterior y la marcada brecha monetaria que atrapa el cepo cambiario. Solucionar estos aspectos internos urge visto la necesidad de reforzar los incentivos, normativas y condiciones para orientar las inversiones para lograr una transición mundial hacia la reducción de emisiones de CO2. Argentina cuenta, en el consenso mundial, con un importante background tecnológico que podría apoyar el desarrollo mediante la capacitación, el intercambio de conocimientos, la asistencia técnica y el papel de la inteligencia artificial para el cambio climático.
El acuerdo avanzó también en cuanto a la actualización de las NCD por parte de los países miembros, estableciendo que comunicarán cada 5 años sus contribuciones nacionales para abordar el cambio climático. Se puso especial énfasis en la transparencia y claridad en la presentación de información, lo que obligará a Argentina a avanzar en la interrelación público privada en este aspecto. Ello así porque, aunque el acuerdo no impone sanciones por incumplimiento, sirve como una hoja de ruta compartida para abordar la urgencia de cambiar los sistemas energéticos y comerciales para evitar consecuencias económicas y ambientales desastrosas debido al cambio climático. Y, como ya es sabido, el Acuerdo de Escazú podría poner en riesgo de litigio la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos que finalmente recaen en el sector privado.
En relación con las actividades desarrolladas por esta parte en la COP28, participé en el evento organizado por School of Law Emmett Institute on Climate Change & The Environment of UCLA “Advancing Methane Regulation” llevado a cabo el 06/12/2023, en un panel compuesto además por Edward Parson -Faculty Director UCLA Emmeth Institute, Carolina Urmeneta -Program Director Global Methane Hub-, Kenzie Huffman -Dir. Of Strategy & Partnership Carbon Mapper-. Liane M. Randolph -Chair or the California Air Resources Board- y Juan Pablo Escudero – Staff Attorney UCLA Emmett Institute-.
