En 2024, Argentina recicló mecánicamente 233.200 toneladas de plásticos, mientras que otras 30.300 toneladas fueron valorizadas energéticamente. Los datos, difundidos por el nuevo Índice de Reciclado de Plásticos elaborado por Ecoplas y la Cámara Argentina de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS), parecen alentadores a simple vista.
De hecho, la tasa de reciclado subió del 14% al 17% del total de plástico consumido en el país. Sin embargo, ese progreso esconde una paradoja preocupante: se recicla con mayor eficiencia, pero la industria opera a media máquina, con más del 50% de su capacidad ociosa.
“Cada tonelada que se recupera reduce la presión sobre los rellenos sanitarios y genera empleo en distintas etapas de la cadena, desde la recolección diferenciada hasta la transformación industrial”, señala a El Auditor.info Verónica Ramos, directora Ejecutiva de Ecoplas.
La falta de políticas públicas sostenidas que fortalezcan la economía circular es un factor central que explica por qué la industria recicladora, a pesar de tener infraestructura y experiencia, no logra despegar. A esta falta de impulso estatal se suman otros problemas estructurales: la poca separación de residuos en origen, la escasa demanda de plásticos reciclados en el mercado y la mayor competitividad del plástico virgen, muchas veces importado a menor costo.
“La economía circular no está frenada por falta de capacidad, sino por falta de decisiones”, sintetiza Ramos. Y esas decisiones -coinciden distintas voces del sector- deben llegar en forma de regulaciones claras, incentivos fiscales y una norma clave: la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
La REP busca que los productores se hagan responsables por sus productos incluso después del consumo. La legislación vigente en varios países de América Latina y Europa obliga a las empresas a financiar o gestionar el reciclaje de los envases y materiales que introducen en el mercado. “Una ley REP permitiría que el esfuerzo ciudadano al separar residuos, así como el trabajo de las cooperativas recicladoras tengan un destino claro y eficiente”, explica Ramos. Además, facilitaría la creación de compras públicas sustentables y reglas claras para la industria, dejando atrás el sistema voluntarista que hoy sostiene la economía circular en el país.
Fuente: El Auditor Info
