La pírrica aprobación en el Senado de la recortada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ahora sin los capítulos que eliminaban los límites a la extranjerización de tierras y modificaba la gestión del fuego, representa un punto de inflexión en el debate político de las últimos tiempos: la movilización de la sociedad obligó al Gobierno a retirar por completo los capítulos que pretendían eliminar los límites a la extranjerización de tierras rurales y flexibilizar la gestión del fuego en la Argentina.
Esta victoria popular se logró, además, a pesar de los intentos de disciplinar y acallar a quienes se manifestaron en la calle. La represión policial afuera del Congreso no logró desalentar la participación ciudadana ni debilitar el reclamo: por el contrario, reafirmó que la sociedad argentina está dispuesta a defender sus bienes comunes incluso frente a maniobras de amedrentamiento.
Lo que comenzó como una iniciativa que avanzaba prácticamente sin debate público encontró una reacción social amplia y transversal que atravesó organizaciones ambientalistas, entidades de derechos humanos, movimientos sociales y distintos sectores de la ciudadanía.
Esa movilización puso la discusión sobre la tierra, los bienes comunes y los recursos estratégicos en el centro del debate público y terminó modificando el proyecto que el Gobierno pretendía aprobar. Lo ocurrido constituye un punto de quiebre que va mucho más allá de esta votación.
La discusión que se abrió es sobre qué país quiere construir la Argentina y quién decide sobre su territorio, su agua, su energía y sus bienes naturales. La retirada de los capítulos sobre extranjerización y el fuego demuestra que existe un límite social a una política que pretende tratar esos bienes estratégicos exclusivamente como activos disponibles para el mercado y reducir las capacidades del Estado para establecer condiciones sobre su uso, explotación y propiedad. Factoresnaturales
Esa discusión continúa inmediatamente con el proyecto conocido como Súper RIGI, que propone otorgar beneficios y garantías extraordinarias durante décadas a grandes inversiones en sectores estratégicos. No puede discutirse de manera separada de lo ocurrido con la Ley de Tierras: ambos debates plantean la misma pregunta acerca de cuánto poder está dispuesto a ceder el Estado sobre recursos esenciales para el desarrollo futuro del país.
La movilización de estas semanas también dejó otra señal: la sociedad reaccionó antes y con mayor claridad que buena parte de la dirigencia política frente a una transformación que podía tener consecuencias irreversibles sobre el territorio argentino. Esa reacción debe convertirse ahora en una participación mucho más activa en las decisiones sobre tierra, agua, minerales, energía e infraestructura estratégica.
Decisiones de esta magnitud no pueden resolverse mediante reformas aceleradas, negociaciones parlamentarias de último momento o regímenes excepcionales diseñados para garantizar rentabilidad a grandes inversores durante décadas. Pero la discusión que comenzó estas semanas ya es más grande que una ley. La defensa de la tierra abrió una conversación sobre los límites que la sociedad argentina está dispuesta a poner a un modelo de apertura indiscriminada de sus bienes comunes y recursos estratégicos.
La tierra, el agua, los minerales y la energía no son solamente activos económicos. Son las condiciones materiales sobre las que se construye el desarrollo de un país y, fundamentalmente, las posibilidades de las próximas generaciones.
Fuente: Noticias Ambientales
