La reciente promulgación de la nueva Ley de Glaciares marcó un giro en la política ambiental de Argentina. Sin embargo, la decisión generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, científicas y ambientales.

En consecuencia, distintas ONG comenzaron a intensificar campañas para reunir adhesiones. De este modo, buscan impulsar un amparo judicial que declare la inconstitucionalidad de la reforma.

Al mismo tiempo, el debate se trasladó a la esfera pública. Así, el tema de la protección de las reservas de agua dulce volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

Un cambio normativo que reconfigura la protección ambiental
La normativa sancionada el 9 de abril modifica aspectos clave del régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares. Por lo tanto, redefine los límites de las áreas protegidas.

Además, introduce cambios que podrían habilitar actividades previamente restringidas. En ese sentido, sectores críticos advierten sobre un posible retroceso en los estándares ambientales.

A su vez, el proceso legislativo estuvo atravesado por debates intensos. En consecuencia, la aprobación dejó expuestas tensiones entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales.

Fuente: Noticias Ambientales