La Cámara de Diputados fijó dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares y postergó hasta abril su tratamiento en el recinto.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales definió que las jornadas se realizarán el 25 y 26 de marzo bajo un esquema híbrido, con participación presencial y virtual.
La decisión llegó luego de que bloques opositores reclamaran ampliar el mecanismo de participación. El oficialismo había propuesto una sola audiencia, pero finalmente aceptó desdoblarla para garantizar mayor intervención de provincias y sectores involucrados.
El diputado Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) confirmó que la primera jornada se desarrollará el 25 de marzo, de 10 a 19, y que permitirá exposiciones presenciales o por Zoom. Tras los planteos de la oposición, el oficialismo incorporó una segunda fecha el 26 de marzo.
Cómo será la audiencia pública por la ley de glaciares
El esquema habilita presentaciones por escrito y fija cinco minutos de exposición por participante, con posibilidad de reducción si la cantidad de inscriptos supera las previsiones. La inscripción se realiza a través del correo electrónico de la comisión de Recursos Naturales.
Para asegurar la validez institucional del encuentro, deberán asistir al menos cuatro diputados por cada comisión convocada. El Congreso busca cumplir con los estándares de participación previstos en la Ley General del Ambiente y en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Reclamo de participación federal
La discusión sobre la Ley de Glaciares expuso diferencias sobre el alcance federal de la convocatoria. Legisladores de distintos bloques señalaron que la norma impacta en cuencas hídricas que atraviesan varias provincias y que el debate debe reflejar esa interjurisdiccionalidad.
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) pidió un criterio federal que incluya tanto a provincias con desarrollo minero como a aquellas sin actividad extractiva. Sabrina Selva (Unión por la Patria) coincidió en que la audiencia debe garantizar participación pública en función de las cuencas afectadas.
También surgieron planteos para regionalizar las audiencias y asegurar la intervención de comunidades indígenas vinculadas a los territorios alcanzados por la ley.
